En
Santiago del Estero, una niña de 12 años tuvo conocimiento de su embarazo
cuando asistió, por un dolor abdominal, a la Unidad Sanitaria de La Banda. Confirmado el embarazo de 20 semanas, la
directora del instituto no solo demoró 18 días en informar la situación al
Ministerio de Salud provincial, sino que además falsificó los datos informando
un período de gestación mucho más avanzado impidiendo la posibilidad de
interrumpir el embarazo. Posibilidad que, recordemos, es avalada por el Código
Penal desde el año 1921. El camino burocrático estatal continuó plagado de viles
maniobras que involucran médicos y funcionarios del Ministerio de Salud de la
provincia. Cuando por fin se supo la verdad, ya era tarde. La niña deberá
convertirse en madre y, además, deberá hacerlo en las condiciones de extrema
pobreza en las que vive. El desprecio estatal por la vida y la dignidad de las
personas comienza en la propia infancia. Mucho más si se trata de niñas.
A.G.
21/05/20