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Frente a los permisos de prisión domiciliaria: Ante todo, la dignidad humana


En Argentina hay más de 103 mil personas privadas de su libertad (según SNEEP 2018), casi el 50% de ellos con prisión preventiva, es decir, sin condena firme. Viven en condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de higiene y de alimentos, castigos y  torturas policiales, maltrato sistemático hacia las personas que los visitan. Esta es la expresión material de la idea estatal de Justicia: castigo y humillación. Una idea reaccionaria que, lamentablemente, es apoyada por muchas personas y que impulsó el cacerolazo contra los presos de los últimos días.  
En las decadentes sociedades estatales masificadas donde las personas son extrañas –no se conocen entre sí ni a sí mismos– cuidar de manera segura la vida de la gente es muy difícil. Por eso se delega en cuerpos institucionales como las fuerzas de seguridad, que son las principales organizadoras del crimen. Y la justicia –para el Estado la potestad de juzgar de acuerdo a sus leyes coercitivas– queda en manos de funcionarios, también corruptos, ajenos y contrarios a las exigencias de la gente común. Así, frente a la pandemia, entre los enviados a prisión domiciliaria hay algunos femicidas, violadores y –con todo descaro–genocidas de la última dictadura militar.
El Poder Judicial es quien vigila los intereses opresivos del Estado y la propiedad privada. Tal vez, si partimos de intentar cuidar y defender en primer lugar una vida digna y libre de y para las personas en comunidad, la justicia puede entenderse como un valor que se mide en función del bien definido en común. Algo muy lejano y contrario a lo que sucede (y puede suceder) en las sociedades estatales, pero posible para las personas más sensibles que busquen afirmar la dignidad humana y la libertad, sustrayéndose (y combatiendo) la lógica opresiva del Estado.       
Aislar y vigilar a quienes representan un peligro mortal para la comunidad es importante, porque ayuda a salvaguardar la vida de las personas y de las víctimas en particular. Por eso rechazamos los beneficios otorgados a quienes atentaron contra la vida de otras/os. Pero, con la misma determinación y sabiéndonos totalmente contrarios al espíritu criminal de la justicia burguesa, exigimos condiciones dignas y seguras para ellos y para todos los que estén en encierro, e incluso la posibilidad de la prisión domiciliaria para quienes cometieron delitos leves.
Ana Gilly
03/05/20