Ir al contenido principal




Indigna, pero no sorprende


En medio de un nuevo ajuste a los jubilados –que por segunda vez reciben aumentos menores a los que habrían recibido si el gobierno no hubiera eliminado la movilidad jubilatoria del macrismo– nos enteramos de que algunas de las empresas más importantes del país como Techint (Paolo Rocca) y Grupo Clarín (Magnetto) cobran la ayuda económica del Estado (a través del programa ATP) aduciendo que no tienen dinero para pagar los sueldos de sus trabajadores, mientras se reparten las utilidades y fugan capitales a sus cuentas off-shore. A esto se le suma la indignante noticia de que, entre los salarios que reciben el aporte del Estado, se encuentran los de los CEO. Frente a esto el gobierno ahora propone restringir la actividad de las grandes empresas para impedir estas prácticas, lo cual es un pequeño obstáculo para ellas, ya que las disposiciones dejan los huecos legales necesarios para seguir operando de la misma forma. Esta permisividad hacia los empresarios se contrasta con las dificultades que tienen las personas más pobres para acceder a la ayuda económica (vedada para los inmigrantes en situación de emergencia) y con la minuciosidad con que el Estado estudia cada caso antes de enviar un centavo a quienes más lo necesitan.
Pero esto no es todo. Pese a la retórica paternalista de Alberto del “Estado cuida la vida y bienestar de sus ciudadanos” y sus amagues a tocarle las fortunas a los ricos y pese a la supuesta prohibición de los despidos, la realidad concreta es muy diferente: despidos, reducciones salariales con el aval de la CGT, jubilaciones anticipadas “voluntarias” que afectan a una gran cantidad de trabajadores. Y no se trata solo de los empresarios. No nos olvidemos de Arcioni (gobernador de Chubut del Frente de Todos) quien le adeuda salarios a los estatales mientras paga los vencimientos de deuda religiosamente.
Sin embargo, todo esto no sorprende, si consideramos que, en pandemia, en crisis económica mundial o en tiempos “normales”, la máxima –bajo gobiernos con discurso más neoliberal o más intervencionista– es que primero están las ganancias de los empresarios y los acreedores y después el bienestar de los trabajadores y de los jubilados. Lo que sí sorprende es la idea, que circula en el sentido común progresista, de que esto puede cambiar con más intervención estatal que regule mejor el funcionamiento de las empresas.

Camilo Sans
21/05/20