En medio de un nuevo ajuste a los jubilados –que
por segunda vez reciben aumentos menores a los que habrían recibido si el
gobierno no hubiera eliminado la movilidad jubilatoria del macrismo– nos
enteramos de que algunas de las empresas más importantes del país como Techint
(Paolo Rocca) y Grupo Clarín (Magnetto) cobran la ayuda económica del Estado (a
través del programa ATP) aduciendo que no tienen dinero para pagar los sueldos
de sus trabajadores, mientras se reparten las utilidades y fugan capitales a
sus cuentas off-shore. A esto se le suma la indignante noticia de que, entre
los salarios que reciben el aporte del Estado, se encuentran los de los CEO.
Frente a esto el gobierno ahora propone restringir la actividad de las grandes
empresas para impedir estas prácticas, lo cual es un pequeño obstáculo para
ellas, ya que las disposiciones dejan los huecos legales necesarios para seguir
operando de la misma forma. Esta permisividad hacia los empresarios se
contrasta con las dificultades que tienen las personas más pobres para acceder
a la ayuda económica (vedada para los inmigrantes en situación de emergencia) y
con la minuciosidad con que el Estado estudia cada caso antes de enviar un
centavo a quienes más lo necesitan.
Sin embargo, todo esto no sorprende, si consideramos
que, en pandemia, en crisis económica mundial o en tiempos “normales”, la
máxima –bajo gobiernos con discurso más neoliberal o más intervencionista– es
que primero están las ganancias de los empresarios y los acreedores y después
el bienestar de los trabajadores y de los jubilados. Lo que sí sorprende es la
idea, que circula en el sentido común progresista, de que esto puede cambiar
con más intervención estatal que regule mejor el funcionamiento de las
empresas.
Camilo Sans
21/05/20