Se van acumulando los casos de violencia
policial en el país, algunos de ellos gravísimos, como los supuestos suicidios
en las comisarías de San Luis, el fusilamiento policial de Luis Espinoza en Tucumán
y el feroz ataque a una comunidad Qom en Chaco. Justo en momentos en que la
violencia racista de la policía norteamericana conmociona y moviliza.
Todos los Estados, también los
comandados por regímenes democráticos, son criminales y violentos, racistas y
patriarcales, y ponen la vida en riesgo a diario, como tanto se nota en su
actual fase de decadencia y en diversos ejemplos frente a la situación de
pandemia que atravesamos. Es cierto que este período facilita un incremento del
monitoreo y control estatal sobre las poblaciones, que siempre es represivo y
asfixiante. El Estado argentino tiene una larga y cruenta historia represiva,
desde su misma fundación. Los cambios de régimen han siempre mantenido ese hilo
de continuidad, si bien con diversa intensidad. Hoy esta característica se está
agravando, sin prisa pero sin pausa: el ministro de Defensa Rossi se vanagloria
porque hay un despliegue de las Fuerzas Armadas que no se veía desde la guerra
de Malvinas. Todo esto repercute en estos crímenes como así también en el
ensayo de militarizar barrios populares enteros, como en Villa Azul. No
sorprende, por otro lado, que esta tendencia sea capitaneada por el peronismo, fuerza
con orígenes castrenses e históricamente cultora de poner orden en la sociedad.
Ante tales peligros resulta
particularmente indignante el silencio atronador de los organismos de derechos
humanos y de los medios de comunicación afines al kirchnerismo. Macri, Patricia
Bullrich y toda esa banda fueron responsables de las muertes de Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel, además de difundir un discurso favorable al gatillo
fácil con la “doctrina Chocobar”. Pero el hecho de que Alberto Fernández no
diga nada de esto ni de los otros cientos de casos que se acumulan en sus
numerosas conferencias de prensa, ¿no significa luz verde a las fuerzas
represivas para que sigan haciendo lo mismo? ¿Por qué el gobierno no denuncia a
Manzur, Capitanich y otros figurones? ¡Basta de hipocresías y mentiras! Lo
podemos ver cada quince días por televisión con el “triunvirato” de Alberto,
Kicillof y Larreta: el ansia de orden, control y represión unifica a todos.
Es muy importante el rol de denuncia que
efectúa Correpi y otros organismos de derechos humanos. Es parte indispensable
de un compromiso por la verdad y la justicia, contra las mentiras y los
encubrimientos de los gobiernos y los medios de comunicación a sueldo. Al mismo
tiempo, no es bueno generar ilusiones falsas: la situación no se solucionará
con auditorías o comisiones parlamentarias. La izquierda, incluyendo el FIT,
hace bien en denunciar y pedir explicaciones y nos sumamos a ese intento, pero
se obstina en buscar la solución en la gestión estatal, cuando los Estados se
están revelando íntimamente violentos y asesinos. Es una postura que puede
generar confusión entre la gente de bien, además de muchas desilusiones. Algo
que también resulta válido para los desafíos que tienen ante sí los
manifestantes antirracistas de EE.UU. Es hora de sacar conclusiones y echar
algo de luz, atacando la tan extendida lógica de delegación en un Estado
paternalista y caudillista.
La afirmación y defensa de la vida puede
provenir de un obrar directo y consciente de la gente común. Un obrar sostenido
en los mejores recursos humanos a disposición, elegidos y orientados en pos de
la solidaridad antirrepresiva y antirracista, el cuidado recíproco y la ayuda
mutua. Se trata de un compromiso por una nueva convivencia humana por el bien
de todas y todos, en defensa de nuestra común humanidad, siempre diferente. Se
trata de una búsqueda que debe hacer frente en primer lugar a la violencia de
arriba, pero también a la disgregación violenta que muchas veces circula por
abajo. Un intento que, para desarrollarse, necesita de la contribución de
ámbitos solidarios antirrepresivos y antirracistas, por los que nos
comprometemos cada día, completamente independientes de los Estados y sus
instituciones.
Ignacio Ríos
10-06-20