Un año
duró la frágil tregua que había permitido a los militares mantener el control
social, político y económico del país: el martes 30 de junio, decenas de miles
de personas, con coraje y perseverancia, volvieron a ocupar las calles de las
principales ciudades en reclamo de justicia por los manifestantes asesinados el
3 de junio de 2019, pidiendo el desmantelamiento de los aparatos represivos
(aún firmes en su lugar) y denunciando el aumento de los precios de los
alimentos al tiempo que se agrava la situación sanitaria (el coronavirus ya
cosechó más de 500 víctimas).
Iniciadas
en diciembre de 2018, las extraordinarias movilizaciones populares, juveniles y
femeninas, habían obligado al régimen a deshacerse de su hombre fuerte: el
carnicero Omar Al-Bashir, líder del corrupto régimen militar durante treinta
años. Sin embargo, el movimiento se había quedado en la indecisión y en la
parálisis debido a un tramposo acuerdo, más cercano a un chantaje que a otra
cosa, el cual conducía a una “transición” en la que los militares y los civiles
deberían compartir los mecanismos del poder.
Las
movilizaciones en curso –así como las demandas actuales de los manifestantes–
indican claramente lo evidente de este engaño. Incluso solo para obtener
justicia por las masacres de un año atrás, cuando centenares de activistas y
personas comunes fueron asesinadas y arrojadas a las aguas del Nilo que
atraviesa la capital Jartum, es indispensable el desmantelamiento de este
aparato represivo de características genocidas, tal como bien sabe la gente de
Darfur y de las regiones ahora independientes de Sudán del Sur.
Giovanni Marino
08/07/20