Por Ignacio Ríos.
Más de 30
muertos, agresiones y detenciones por doquier, disparos con balas de plomo,
denuncias de desapariciones. Impacta y conmociona el nivel de violencia de la
policía y el Ejército colombianos que, bajo el mando del presidente Iván Duque,
reprimen criminalmente a los manifestantes, como en Cali y otras ciudades. La
protesta espontánea, en general pacífica, había comenzado hace unos días en
rechazo a la reforma tributaria promovida por el oficialismo, hoy ya dada de
baja. Rápidamente, las movilizaciones fueron canalizando todo el descontento
popular acumulado por la gestión de la emergencia sanitaria de un gobierno
altamente insensible y antipopular, seguidor de la línea de “mano dura” del
uribismo. Colombia es un país históricamente surcado por la violencia, de las
fuerzas represivas estatales, de las fuerzas paramilitares y de las guerrillas
de narcos: no sorprende que desde el Estado la violencia sea la principal
respuesta ante las movilizaciones, develando la brutalidad congénita a todas
las democracias y a la colombiana en particular.
Nos ponemos del lado de las y los manifestantes, nos hacemos eco de las denuncias de violaciones de derechos humanos y del reclamo por la liberación y aparición de todas/os las/os detenidos, apoyando la jornada nacional de huelga y lucha del día de hoy. Llamamos a la más amplia solidaridad con la gente común de Colombia, para que se detenga inmediatamente la represión que se ha cobrado ya muchas vidas, justo en un momento de sostenida difusión del coronavirus en el país. Así es de inhumana la política democrática y en especial Duque, que hasta el día de hoy –detrás de sus hipócritas llamados al diálogo de estos días– se sigue poniendo del lado de la policía y denuncia a los “vándalos”, a pesar de las denuncias de diversos sectores, en primer lugar de los organismos de derechos humanos. Es necesario defenderse contra estos criminales de Estado, con la unión y la solidaridad desde abajo que trascienda fronteras.
05/05/21