Por Giovanni Marino.
Ya van cuatro iglesias católicas incendiadas en la última semana, pero el responsable de las hogueras no es el calor excepcional que flagela el país. Es probable que se trate del último capítulo –quizás se trate de gestos de rabia o, en cambio, de actos dirigidos a echar confusión sobre las pruebas– de una larga historia, espeluznante y dolorosa: el descubrimiento, en las inmediaciones de distintos colegios católicos a lo largo del país, de fosas comunes con los pobres restos de centenares de niños. Arrancados de sus propias familias a fin de que olvidaran el propio origen, la lengua y la cultura de los pueblos originarios, entre 1863 y 1998 más de 150 mil niños fueron alejados de sus seres queridos y de su ambiente, abusados y malnutridos, presas del frío y de la suciedad. Cerca de 6 mil nunca volvieron a casa, pero cada una y cada uno de ellos llevó consigo para siempre las heridas físicas y morales.
Como otros
países –Australia en relación a los aborígenes, por ejemplo–, Canadá ha asumido
una política feroz de asimilación, buscando simple y llanamente cancelar a los
pueblos originarios. Más allá de las vacías declaraciones de principio, estos
son los fundamentos sobre los que se apoya el Estado democrático, su
constitución material y no solamente en relación a este acontecimiento trágico:
después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el derecho de voto fue
otorgado tan solo a quienes hubieron peleado en la guerra y bajo renuncia
formal del propio status de “indios”. Sobre el acontecimiento de los colegios
católicos, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación llevó a cabo una
investigación de siete años en cuya conclusión definió a la política de
asimilación como un “genocidio cultural” y redactó una lista extensa de
recomendaciones. Luego de una década, casi todas ellas se han desatendido. Evidentemente,
el gobierno consideró que sería suficiente con extender sus disculpas y siguió
adelante.
02/07/21
Publicado en La Comune online
https://www.lacomune.org/canada-le-fondamenta-dello-stato-democratico/02/