Por Ignacio Ríos
Se dio a conocer el vergonzoso
veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro.3 contra César Arakaki y
Daniel Ruiz, militantes del PO y el PSTU respectivamente. Ambos habían
participado en la manifestación de diciembre de 2017 frente al Congreso cuando,
durante el gobierno de Macri, se trataba
el ajuste a las jubilaciones y todo terminó en represión y enfrentamientos. Sin
pruebas claras, fueron acusados de “intimidación pública” y “atentado contra la
autoridad” con penas de 3 años y 4 meses en el primer caso y 3 años en el
segundo. Más allá de que permanecerán en libertad hasta que se den a conocer en
febrero los fundamentos de la sentencia, este fallo representa un nuevo intento
de criminalización de la protesta en un clima crecientemente autoritario. Este
sistema democrático totalitario, de la que la Justicia cómplice y corrupta es
un pilar, que resguarda los intereses de las minorías de opresores que arruinan
la vida de las personas y el medio ambiente, la que hace gala de su hipocresía
en un circo electoral penoso -del que la izquierda también forma parte-, la de
los métodos represores de Patricia Bullrich o Sergio Berni que empalman con su
naturaleza bélica y en la que habitan sin problemas personajes como Milei o
Espert (que pide “agujerear a los delincuentes”) no tiene ninguna autoridad
moral para juzgar y condenar a estos compañeros, más allá de las diferencias
que tenemos con ellos. Denunciamos estas sentencias en defensa de la
indeclinable libertad de protesta y expresión y de la unión de las personas
solidarias y voluntariosas frente a toda injusticia y avance contra los
sectores populares.