Por Ignacio Ríos
Se está llevando a cabo en Resistencia (Chaco) el juicio por la llamada “Masacre de Napalpí” del 19 de julio de 1924. Ese día, se estima que alrededor de quinientos indígenas qom y mocoví fueron acribillados por militares y colonos armados. Estas personas venían reclamando por la expropiación de sus tierras a manos de los latifundistas y también por las condiciones de semi-esclavitud en las que trabajaban en las plantaciones de algodón de la zona. Hace años empezó a difundirse este hecho históricamente ocultado por el Estado argentino gracias a la labor de asociaciones, los testimonios de gente como la anciana sobreviviente Rosa Grilo y las investigaciones del historiador qom Juan Chico, por desgracia fallecido el año pasado por coronavirus.
Junto a la Semana Trágica, la “Patagonia rebelde” y la quebrachera La Forestal, este es otro de los crímenes cometidos por los gobiernos radicales de las décadas de 1910 y 1920 (de hecho el gobernador del por aquel entonces territorio nacional del Chaco era otro político de la UCR, Fernando Centeno). Es para reseñar que esta masacre ocurrió durante la gestión, no de Hipólito Yrigoyen, sino de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). Su gobierno fue considerado, en general, más prudente y calmo debido a las buenas condiciones económicas de esos años que no habrían hecho tan necesaria la represión contra los trabajadores y sectores populares. ¡Menos mal!
La Masacre de Napalpí, así como la “Conquista del Desierto”, la masacre de Rincón Bomba en tiempos de Perón y otras matanzas, habla a las claras del rastro de sangre presente en la fundación y desarrollo del Estado argentino, siendo su homicida racismo anti-indígena una verdadera marca registrada. Una marca que no se podrá sacar por más intentos de lavado de cara que patrocine.