El bajo
número de infectados y muertos por Covid-19 en Ecuador se debe no solo a la
escasez de testeos sino al protocolo sanitario que dispone que no se
investiguen las causas de muerte de los fallecidos. Por lo tanto, las
estadísticas oficiales se contrastan con la realidad: hospitales desbordados,
gente que muere en su casa sin atención médica, cadáveres en las calles,
policías descartando cuerpos en barrios humildes. Esta situación puede hacernos
creer que el Estado está ausente y que, por lo tanto, la solución es que se
haga presente. Nada más lejos de la realidad.
El
gobierno ha decidido, en vez de movilizar los recursos para ayudar a la gente,
un paquete de medidas mortíferas: dejar correr los despidos priorizando las
ganancias de los burgueses, pagarle al FMI y militarizar las calles para
sosegar cualquier protesta o intento de autoorganización. Mientras que Lenín
Moreno hipócritamente le echa la culpa a la gente son sus medidas las que
generaron las condiciones para la situación actual: en primer lugar, la
negación del problema (¡en Guayaquil hasta se jugó el clásico local con
público!), la reducción del 30% del gasto en salud, el ajuste a los
trabajadores estatales lo cual es parte de la tendencia de los últimos años de
desfinanciar la salud pública, entre otros servicios esenciales. Por otro lado,
los trabajadores de la salud, que representan el 43% de los casos de Covid-19,
vitales para poder enfrentar la pandemia, son nuevamente castigados por el
Estado, que no provee los insumos necesarios para protegerse.
Frente a
esta situación, un contrapeso respecto al rol mortífero del Estado es la
iniciativa solidaria, por ejemplo, de la de muchas personas que ofrecen
barbijos en las calles y otros tipos de ayuda.
Camilo Sans