La destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano y la posterior asunción de Dina Boluarte provocó, desde los primeros días, una reacción contra esta nueva expresión de descomposición democrática. La protesta comenzó de la mano de los defensores del expresidente que pedían por su liberación y por el cierre del Congreso. Pero el 9 de enero la brutal represión estatal en la cuidad de Juliaca, que arrojó 17 muertos, atizó el fuego y las movilizaciones empezaron a cambiar. Por su carácter masivo –se expandieron, sobre todo, por el sur del país–; por sus motivaciones vitales, más morales que políticas; y porque empiezan a expresar un carácter independiente, también con respecto a organizaciones tradicionales como la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) y al mismo partido defensor de Castillo. Campesinas y campesinos, comerciantes, trabajadores de los mercados centrales, pueblos originarios, docentes y estudiantes de medicina que se vuelcan a las cal
