Después de varios días de búsqueda,
finalmente apareció el cuerpo de Luis Armando Espinoza. Estaba desaparecido
desde un operativo policial en una zona del departamento tucumano de Simoca el
viernes 15 de mayo, en el que -según su hermano, con quien pasaba por allí-
había sufrido un disparo a quemarropa por parte de la policía. Que el cadáver
haya sido encontrado, sobre todo gracias al rastrillaje de familiares y
vecinos, una semana después y en un paraje en Catamarca, muy cerca de la
frontera provincial, indica la existencia de todo un operativo de encubrimiento
previo para tapar este crimen, el cual comenzó por la comisaría local y arriba
hasta el gobernador Manzur. Se trata de una nueva desaparición seguida de
muerte a cuenta del régimen democrático, recordándonos de sus lazos de
continuidad con la dictadura y de que los Estados son, todos y sin excepción,
asesinos y criminales. Particularmente la policía tucumana es una de las más
violentas también por haber sido formada bajo la sombra de Antonio Domingo
Bussi, militar genocida y ex interventor de la provincia durante la dictadura
de 1976 que luego, tristemente, fue elegido gobernador de Tucumán en los ‘90.
Este hecho se produce en un momento
particularmente delicado. Ya habíamos advertido, en base a los innumerables
casos de abuso policial dados a conocer por los organismos de derechos humanos,
el gran peligro que se planteaba al conferir mayores márgenes de acción a las
fuerzas represivas durante la cuarentena, por su impacto en el presente y por
sus consecuencias a futuro. El crimen de Luis es una triste muestra. Esto es lo
que dispuso Alberto Fernández, que tan cuidadoso dice ser de la vida de la
población mientras que se obstina en no decir ni una palabra de los abusos
policiales en sus conferencias. ¿Y ahora? ¿Seguirá guardando silencio? Por lo
pronto solo vemos la maniobra de siempre: tomar distancia a través de la
detención (tardía, por cierto) de los policías implicados.
Nos solidarizamos con los seres queridos
de Luis Espinoza y nos sumamos al pedido de justicia y a la denuncia de la
impunidad y complicidad del gobierno provincial y nacional y de todo el aparato
estatal, responsable de este crimen. Mucho más aún en estos momentos, cuando
hay un pensamiento especial sobre la vida y la necesidad de defenderla, debemos
ser muy conscientes de que los Estados y sus siervos armados son los primeros
que la ponen en riesgo. Alentamos, en este sentido, la constitución de ámbitos
colectivos independientes en los que se pueda desarrollar un compromiso
solidario y antirrepresivo permanente.
