En
Argentina hay más de 103 mil personas privadas de su libertad (según SNEEP
2018), casi el 50% de ellos con prisión preventiva, es decir, sin condena
firme. Viven en condiciones inhumanas: hacinamiento, falta de higiene y de
alimentos, castigos y torturas
policiales, maltrato sistemático hacia las personas que los visitan. Esta es la
expresión material de la idea estatal de Justicia: castigo y humillación. Una
idea reaccionaria que, lamentablemente, es apoyada por muchas personas y que
impulsó el cacerolazo contra los presos de los últimos días.
En las
decadentes sociedades estatales masificadas donde las personas son extrañas –no
se conocen entre sí ni a sí mismos– cuidar de manera segura la vida de la gente
es muy difícil. Por eso se delega en cuerpos institucionales como las fuerzas
de seguridad, que son las principales organizadoras del crimen. Y la justicia
–para el Estado la potestad de juzgar de acuerdo a sus leyes coercitivas– queda
en manos de funcionarios, también corruptos, ajenos y contrarios a las
exigencias de la gente común. Así, frente a la pandemia, entre los enviados a
prisión domiciliaria hay algunos femicidas, violadores y –con todo
descaro–genocidas de la última dictadura militar.
El Poder
Judicial es quien vigila los intereses opresivos del Estado y la propiedad
privada. Tal vez, si partimos de intentar cuidar y defender en primer lugar una
vida digna y libre de y para las personas en comunidad, la justicia puede
entenderse como un valor que se mide en función del bien definido en común.
Algo muy lejano y contrario a lo que sucede (y puede suceder) en las sociedades
estatales, pero posible para las personas más sensibles que busquen afirmar la
dignidad humana y la libertad, sustrayéndose (y combatiendo) la lógica opresiva
del Estado.
Aislar y
vigilar a quienes representan un peligro mortal para la comunidad es
importante, porque ayuda a salvaguardar la vida de las personas y de las
víctimas en particular. Por eso rechazamos los beneficios otorgados a quienes
atentaron contra la vida de otras/os. Pero, con la misma determinación y
sabiéndonos totalmente contrarios al espíritu criminal de la justicia burguesa,
exigimos condiciones dignas y seguras para ellos y para todos los que estén en
encierro, e incluso la posibilidad de la prisión domiciliaria para quienes
cometieron delitos leves.
Ana
Gilly
03/05/20