El
sábado pasado, a exactos dos años del inicio de las movilizaciones populares
que provocaron la caída de Al-Bashir, mujeres y jóvenes sudaneses volvieron a
manifestarse en todas las principales ciudades del país. Las razones son
múltiples: los responsables de las masacres del año pasado todavía están en
libertad, cuando no en posiciones de poder; las condiciones de vida empeoran,
con los precios de los bienes de primera necesidad en rápido aumento, así como
la desocupación juvenil, la inflación (200% anual) y las preocupaciones
sanitarias en relación al Covid-19. 
Entre
diciembre de 2018 y abril de 2019, una amplia, tenaz y valiente movilización
pacífica había compelido a la junta militar a deshacerse de su líder, en el
poder desde hacía treinta años y acusado del genocidio en Darfur por la Corte Penal
Internacional; no antes, sin embargo, de teñir de rojo las aguas del Nilo con
la sangre de los manifestantes. La salida de la escena de Al-Bashir había
llevado a un frágil acuerdo y al actual sistema de transición, el cual
contempla a su interior la coexistencia forzada entre una parte de la oposición
civil de ayer y los militares de siempre. Pero nada ha cambiado, y las
manifestaciones actuales se oponen a ambos componentes. El precario acuerdo ya
está en riesgo.
Giovanni Marino
22/12/2020