En la provincia de Formosa, gobernada
hace 25 años por el peronista Gildo Insfrán, bajo el paraguas de la “política
sanitaria” contra el COVID-19 se perpetran incontables atropellos a los
derechos humanos. Organizaciones sociales denuncian condiciones inhumanas de
hacinamiento y maltratos en los centros de aislamiento, persecuciones
policiales, encarcelamientos arbitrarios y centenares de personas varadas en las
fronteras. El gobierno nacional orquestó una cerrada defensa del “compañero
Gildo” y llegó a declarar sin tapujos –como dijo el senador José Mayans– que
“en pandemia no hay derechos”. Pero frente a la magnitud de las evidencias, el
ejecutivo nacional tuvo que reacomodar su discurso y reconocer “algunas
irregularidades” en la política sanitaria de la provincia, aunque sin dejar de
reivindicarla por su supuesta efectividad. Resulta insostenible ya el hipócrita
discurso peronista como paladín de los derechos humanos, evidenciando el ADN
bélico y autoritario de la corriente fundada por el General.
Lo que sucede en Formosa no es una excepción a la regla. Durante los meses de pandemia y aislamiento social obligatorio, en nombre de la “defensa de la vida”, el Estado nacional y las fuerzas represivas provinciales fueron protagonistas de un sinfín de manifestaciones de violencia, torturas en las comisarías, detenciones ilegales y hasta desapariciones seguidas de muerte como el caso de Facundo
Ana
Gilly