Represión y desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu

Por Camilo Sans


El 4 de octubre un megaoperativo con fuerzas provinciales y nacionales comandado por Aníbal Fernández reprimió y desalojó una ocupación de tierras que estaba llevando a cabo la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. El saldo fue de siete mujeres detenidas (con cinco menores, entre los que había un bebé), cuatro de las cuales fueron enviadas al penal de Ezeiza, de forma completamente arbitraria y violando derechos elementales con el objetivo de amedrentarlas y aislarlas de su comunidad. Este episodio se suma a una serie de acciones represivas del Estado contra las comunidades indígenas de la Patagonia: la reciente represión al Lof Quemquemtrew en la que fue asesinado Elías Garay por parte de dos empresarios locales con la anuencia de las fuerzas represivas que controlaban el lugar y no nos olvidemos del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura también ocurrido en Villa Mascardi en el 2017 luego del crimen de Santiago Maldonado.

Este desalojo se da en el marco de una larga campaña de hostigamiento político, judicial y mediático contra las comunidades mapuches que reivindican su derecho a existir y a ocupar las tierras de las que fueron despojados a través de ocupaciones de tierras fiscales, parques nacionales y propiedades de grandes terratenientes como Benetton. De esta campaña, fogoneada con discursos abiertamente racistas como el de Pichetto –que está exigiendo el estado de sitio en la provincia– también forman parte organizaciones vecinales y otras instituciones nucleadas en “Consenso Bariloche” que defienden los intereses empresariales en la zona y que buscan generar el consenso social anti-mapuche. Este espacio el 2 de octubre había realizado una marcha de vecinos contra el “terrorismo mapuche” en la que hubo pancartas con la consigna “Que vuelva Roca”. Pero también forman parte personajes del oficialismo como Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de Kicilloff en la provincia de Buenos Aires, que le reclama al gobierno mayor represión y que “defienda los símbolos patrios contra el malón de indígenas”, compitiendo con Patricia Bullrich y compañía en el intento de convertirse en el portavoz de los sectores más retrógrados.

Frente a esta nueva avanzada represiva, es fundamental promover una reacción solidaria entre las personas más sensibles para exigir la liberación de las detenidas y el cese de la violencia contra sus comunidades, poniendo en primer lugar nuestra identidad como común humanidad que pueda ser el punto de partida para una mejor convivencia entre los grupos indígenas que reclaman sus derechos y las personas comunes que muchas veces se han unido.

Ninguna salida institucional como la promesa eternamente incumplida de relevamiento de tierras indígenas (argumento utilizado también por la derecha para avalar la represión a los mapuches que no se quieren someter al Estado) puede hacer cuentas con el carácter genéticamente racista del Estado argentino que se reactualiza continuamente en la opresión a la que son sometidos los indígenas de todo el país, desde la Patagonia hasta Jujuy: ataques de los empresarios del extractivismo y del negocio inmobiliario avalados por el Estado, contaminación de sus territorios y falta de acceso al agua potable o a la atención médica, entre otras injusticias.