Por Camilo Sans
El 4 de octubre un megaoperativo con fuerzas
provinciales y nacionales comandado por Aníbal Fernández reprimió y desalojó
una ocupación de tierras que estaba llevando a cabo la comunidad mapuche Lafken
Winkul Mapu en Villa Mascardi. El saldo fue de siete mujeres detenidas (con
cinco menores, entre los que había un bebé), cuatro de las cuales fueron
enviadas al penal de Ezeiza, de forma completamente arbitraria y violando derechos
elementales con el objetivo de amedrentarlas y aislarlas de su comunidad. Este
episodio se suma a una serie de acciones represivas del Estado contra las
comunidades indígenas de la Patagonia: la reciente represión al Lof
Quemquemtrew en la que fue asesinado Elías Garay por parte de dos empresarios
locales con la anuencia de las fuerzas represivas que controlaban el lugar y no
nos olvidemos del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura también
ocurrido en Villa Mascardi en el 2017 luego del crimen de Santiago Maldonado.
Este desalojo se da en el marco de una larga
campaña de hostigamiento político, judicial y mediático contra las comunidades
mapuches que reivindican su derecho a existir y a ocupar las tierras de las que
fueron despojados a través de ocupaciones de tierras fiscales, parques
nacionales y propiedades de grandes terratenientes como Benetton. De esta
campaña, fogoneada con discursos abiertamente racistas como el de Pichetto –que
está exigiendo el estado de sitio en la provincia– también forman parte
organizaciones vecinales y otras instituciones nucleadas en “Consenso
Bariloche” que defienden los intereses empresariales en la zona y que buscan
generar el consenso social anti-mapuche. Este espacio el 2 de octubre había
realizado una marcha de vecinos contra el “terrorismo mapuche” en la que hubo
pancartas con la consigna “Que vuelva Roca”. Pero también forman parte
personajes del oficialismo como Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de
Kicilloff en la provincia de Buenos Aires, que le reclama al gobierno mayor
represión y que “defienda los símbolos patrios contra el malón de indígenas”,
compitiendo con Patricia Bullrich y compañía en el intento de convertirse en el
portavoz de los sectores más retrógrados.
Frente a esta nueva avanzada represiva, es
fundamental promover una reacción solidaria entre las personas más sensibles
para exigir la liberación de las detenidas y el cese de la violencia contra sus
comunidades, poniendo en primer lugar nuestra identidad como común humanidad que
pueda ser el punto de partida para una mejor convivencia entre los grupos
indígenas que reclaman sus derechos y las personas comunes que muchas veces se
han unido.
Ninguna salida institucional como la promesa
eternamente incumplida de relevamiento de tierras indígenas (argumento
utilizado también por la derecha para avalar la represión a los mapuches que no
se quieren someter al Estado) puede hacer cuentas con el carácter genéticamente
racista del Estado argentino que se reactualiza continuamente en la opresión a
la que son sometidos los indígenas de todo el país, desde la Patagonia hasta
Jujuy: ataques de los empresarios del extractivismo y del negocio inmobiliario
avalados por el Estado, contaminación de sus territorios y falta de acceso al
agua potable o a la atención médica, entre otras injusticias.