Pero
el 9 de enero la brutal represión estatal en la cuidad de Juliaca, que arrojó
17 muertos, atizó el fuego y las movilizaciones empezaron a cambiar. Por su
carácter masivo –se expandieron, sobre todo, por el sur del país–; por sus
motivaciones vitales, más morales que políticas; y porque empiezan a expresar
un carácter independiente, también con respecto a organizaciones tradicionales
como la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) y al mismo partido
defensor de Castillo. Campesinas y campesinos, comerciantes, trabajadores de
los mercados centrales, pueblos originarios, docentes y estudiantes de medicina
que se vuelcan a las calles para socorrer a los heridos: todas/os ellas/os protagonizan
de manera autogestionada los paros, cortes de ruta y movilizaciones pidiendo la
renuncia de Boluarte por asesina y genocida, haciendo valer en cada reunión de
base la defensa de la dignidad del pueblo y denunciando el racismo sin control
por parte de las autoridades estatales que dicen no comprender a los
manifestantes porque “no hablan castellano”. Al día de la fecha, el gobierno
asesinó a 50 personas y la represión continúa.
En
Perú, miles de personas comunes se unen y toman en sus manos la defensa de la
vida enfrentando a un régimen democrático cada vez más totalitario, racista y
criminal. No puede tolerar el carácter independiente de las movilizaciones y
por eso llama a “defender el orden, la paz y la tranquilidad democrática”. Un
orden que precisa, justamente, del aplastamiento y la persecución de las
mujeres y los hombres comunes que hoy expresan un inicio de esperanza y
dignidad para todas y todos.
18/01/2023
