El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se esforzó en difundir esas imágenes de miles de detenidos trasladados en condiciones humillantes a la flamante “mega-cárcel” que lleva el nombre de Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En busca de mostrar resultados de su “guerra contra las pandillas”, el Estado salvadoreño hace gala de una lógica represiva, punitivista y también bélica sin ningún tapujo.
Luego de que se frustraran las negociaciones entre el gobierno y las maras, en marzo de 2022 Bukele impuso un régimen de excepción que otorga a las fuerzas de seguridad numerosas facultades, entre ellas el poder de realizar encarcelamientos masivos en operativos conjuntos de saturación en las ciudades y las barriadas populares. Desde ese momento se reportaron 60.000 detenidos, sobre todo jóvenes entre 18 y 30 años y hasta 2000 niños y adolescentes. Diferentes organizaciones de Derechos Humanos (como Amate o la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos) recogieron las denuncias de más de 4.500 detenciones arbitrarias y la misma cantidad de abusos policiales en los centros de detención, sobre todo contra mujeres jóvenes y la comunidad LGBT.
Las cárceles salvadoreñas se encuentran
hacinadas en hasta seis veces su capacidad y los detenidos no logran contar con
un proceso penal o acceder a una atención médica, incluso en el caso de
enfermedades crónicas. De esta forma, son ya más de cien las personas que
fallecieron en las cárceles sin juicio, seguramente a causa del hacinamiento y
las torturas.
Muchas de las personas detenidas no tienen
relación alguna con las pandillas y, si así lo fuera, es deplorable que se
violen de manera tan evidente sus derechos humanos. Eso hará que la violencia y
la confrontación se incrementen, y las personas más sensibles ya encuentran en
esa situación los ecos de la guerra civil de los años ’80, en la que el
gobierno se enfrentó a la guerrilla del Frente Farabundo Martí ocasionando
decenas de miles de víctimas.
Contradictoriamente, la popularidad de Bukele
parece haber subido, lo que habla de la difusión de la violencia a nivel social
y la intoxicación que ella provoca también por abajo. En este sentido son
particularmente valiosas las valientes movilizaciones de los organismos de
derechos humanos que, en El Salvador, denuncian el régimen de excepción, las
detenciones arbitrarias y los presos políticos. Es el caso de la captura de
líderes sindicales de la alcaldía de Soyapango que, lejos de liderar bandas de
narcotraficantes, exigían el pago de salarios. Es evidente que el “método
Bukele” inhibe o dificulta mucho las cosas para los activistas o las
organizaciones que se oponen a este excéntrico populismo de mano dura del siglo
XXI, un fiel exponente de la democracia totalitaria en descomposición.
01/03/23