Por I.R.
Nahel Marzouk, de 17 años, había
sido asesinado por un policía en un control de tránsito en Nanterre. Uno más de
los crímenes de la policía racista del “gatillo fácil” a la francesa en la banlieue,
los suburbios periféricos de las grandes ciudades donde se concentra la
población de orígenes magrebíes y del África subsahariana. El crimen provocó
fuertes protestas a principios de julio que combinaron una justa indignación
popular con estallidos de violencia, saqueos e incendios que flaco favor le
hacen a la lucha por justicia. Tal es así que la abuela de Nahel y otras
manifestantes mujeres de los barrios populares llamaban a terminar con esos
disturbios, sabedoras de que dichos escenarios siempre terminan perjudicando a
la gente común. Allí, y en la pacífica “marcha blanca” de justicia por Nahel,
residen las principales esperanzas.
Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron –cada vez más aislado luego de las grandes movilizaciones contra la reforma previsional– tomó una posición intransigente y hostil al diálogo. Su respuesta consistió en la represión a través de miles de efectivos policiales y el entorpecimiento de las protestas a través del cierre del transporte público o el bloqueo del servicio de internet. Incluso llegó a pedir a los padres de familia que impidan que sus hijos e hijas participen de las protestas (quizás no sea mera coincidencia la analogía con la última dictadura militar argentina que, a través de los medios de comunicación, insistentemente preguntaba “¿sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento?”).
Incluso en una democracia históricamente consolidada como la francesa, se aprecia un evidente giro autoritario, como si ya no fuese posible mediación alguna con respecto a las frustraciones acumuladas por amplios sectores sociales. De hecho, más que intentos de acercamiento desde las instituciones de la “Quinta República”, la tendencia es la de una derecha que trata de ocupar posiciones: desde la colecta destinada al policía asesino que organizó el periodista y político Éric Zemmour hasta el proyecto de ley presentado por el partido de Marine Le Pen que propone terminar con la inimputabilidad de los menores. Esto para no hablar de los grupos de extrema derecha que salieron a las calles durante las protestas para brindar apoyo a las fuerzas represivas al grito de “¡Francia para los franceses!”.
Se hace visible el racismo estructural del Estado francés y el fracaso total de su proyecto de integración, así como la crisis tanto de su democracia histórica como de su sociedad, ante lo cual el gobierno carece de respuestas que no sean más endurecimiento y autoritarismo.
Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron –cada vez más aislado luego de las grandes movilizaciones contra la reforma previsional– tomó una posición intransigente y hostil al diálogo. Su respuesta consistió en la represión a través de miles de efectivos policiales y el entorpecimiento de las protestas a través del cierre del transporte público o el bloqueo del servicio de internet. Incluso llegó a pedir a los padres de familia que impidan que sus hijos e hijas participen de las protestas (quizás no sea mera coincidencia la analogía con la última dictadura militar argentina que, a través de los medios de comunicación, insistentemente preguntaba “¿sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento?”).
Incluso en una democracia históricamente consolidada como la francesa, se aprecia un evidente giro autoritario, como si ya no fuese posible mediación alguna con respecto a las frustraciones acumuladas por amplios sectores sociales. De hecho, más que intentos de acercamiento desde las instituciones de la “Quinta República”, la tendencia es la de una derecha que trata de ocupar posiciones: desde la colecta destinada al policía asesino que organizó el periodista y político Éric Zemmour hasta el proyecto de ley presentado por el partido de Marine Le Pen que propone terminar con la inimputabilidad de los menores. Esto para no hablar de los grupos de extrema derecha que salieron a las calles durante las protestas para brindar apoyo a las fuerzas represivas al grito de “¡Francia para los franceses!”.
Se hace visible el racismo estructural del Estado francés y el fracaso total de su proyecto de integración, así como la crisis tanto de su democracia histórica como de su sociedad, ante lo cual el gobierno carece de respuestas que no sean más endurecimiento y autoritarismo.
Publicado en Comuna
Socialista 83