Por Ignacio Ríos
Claramente los reaccionarios y los retrógrados están a la ofensiva en EEUU. Desde el 1 de julio, entró en vigencia en Florida la ley SB 1718, por iniciativa del gobernador Ron DeSantis. Esta norma, llamada “ley antiinmigrante”, restringe aún más el acceso de personas sin papeles a empleos, documentos de identidad y servicios de salud y de transporte e impone duras penas para todo aquel que las albergue o las ayude a trasladarse. También prohíbe la emisión de documentos y desconoce la validez de los que pudieron ser emitidos por otro estado. A su vez, las empresas de más de 25 trabajadores deben analizar el estatus migratorio de los mismos bajo la amenaza de multas y quita de licencias comerciales. Incluso, los hospitales se ven obligados a recopilar los datos migratorios de sus pacientes con el fin de calcular los costos de la atención médica a la población inmigrante.
De cara a las elecciones presidenciales de 2024, esta es la brutal e inhumana manera con la que DeSantis quiere enfrentar a Donald Trump, su rival en las internas del Partido Republicano. Lejos de buscar un perfil más moderado, DeSantis promete, en el caso de llegar a la Casa Blanca, deportaciones masivas, continuar la construcción del muro fronterizo y terminar con el derecho de la ciudadanía por nacimiento.
Todo esto representa un duro golpe, en primer lugar, para los casi 800 mil inmigrantes que viven en el estado de Florida. La ley ataca algunos de los inapreciables recursos humanos con los que cuentan: la solidaridad de familiares y seres queridos y la colaboración de quienes los emplean a pesar de su condición legal. Naturalmente, otros se aprovechan de su situación para ofrecer condiciones de trabajo aún más indignas, panorama que se agravará con la mayor precariedad que provoca la legislación. En este sentido, muchos analistas señalan que la ley es contraproducente hasta para la misma lógica de las patronales del “Estado del Sol”, habida cuenta de la fundamental contribución de la mano de obra inmigrante en la agricultura, la industria de la construcción y los servicios de hotelería.
Es que el sistema norteamericano es incapaz de reformarse a sí mismo o de salir de su crisis manifiesta, incluso si quisiera recurrir a la fábula del “crisol de razas” o de una nación abierta a la inmigración. Eso ya terminó: la sociedad norteamericana está implosionando de manera violenta y acelerada y las iniciativas de los políticos acrecientan, y reflejan, este derrumbe. De hecho, otra de las leyes de DeSantis (la HB 543) permite portar armas ocultas sin licencia, incrementando el peligro crónico de los tiroteos.
Mientras muchos inmigrantes se están mudando de Florida, en algunos casos tras años de residencia, lo más esperanzador proviene de las denuncias efectuadas por las asociaciones de derechos civiles y de las valientes movilizaciones de protesta tales como la de “Un día sin inmigrantes” que visibiliza la búsqueda de reconocimiento y dignidad de miles y miles de seres humanos.
Claramente los reaccionarios y los retrógrados están a la ofensiva en EEUU. Desde el 1 de julio, entró en vigencia en Florida la ley SB 1718, por iniciativa del gobernador Ron DeSantis. Esta norma, llamada “ley antiinmigrante”, restringe aún más el acceso de personas sin papeles a empleos, documentos de identidad y servicios de salud y de transporte e impone duras penas para todo aquel que las albergue o las ayude a trasladarse. También prohíbe la emisión de documentos y desconoce la validez de los que pudieron ser emitidos por otro estado. A su vez, las empresas de más de 25 trabajadores deben analizar el estatus migratorio de los mismos bajo la amenaza de multas y quita de licencias comerciales. Incluso, los hospitales se ven obligados a recopilar los datos migratorios de sus pacientes con el fin de calcular los costos de la atención médica a la población inmigrante.
De cara a las elecciones presidenciales de 2024, esta es la brutal e inhumana manera con la que DeSantis quiere enfrentar a Donald Trump, su rival en las internas del Partido Republicano. Lejos de buscar un perfil más moderado, DeSantis promete, en el caso de llegar a la Casa Blanca, deportaciones masivas, continuar la construcción del muro fronterizo y terminar con el derecho de la ciudadanía por nacimiento.
Todo esto representa un duro golpe, en primer lugar, para los casi 800 mil inmigrantes que viven en el estado de Florida. La ley ataca algunos de los inapreciables recursos humanos con los que cuentan: la solidaridad de familiares y seres queridos y la colaboración de quienes los emplean a pesar de su condición legal. Naturalmente, otros se aprovechan de su situación para ofrecer condiciones de trabajo aún más indignas, panorama que se agravará con la mayor precariedad que provoca la legislación. En este sentido, muchos analistas señalan que la ley es contraproducente hasta para la misma lógica de las patronales del “Estado del Sol”, habida cuenta de la fundamental contribución de la mano de obra inmigrante en la agricultura, la industria de la construcción y los servicios de hotelería.
Es que el sistema norteamericano es incapaz de reformarse a sí mismo o de salir de su crisis manifiesta, incluso si quisiera recurrir a la fábula del “crisol de razas” o de una nación abierta a la inmigración. Eso ya terminó: la sociedad norteamericana está implosionando de manera violenta y acelerada y las iniciativas de los políticos acrecientan, y reflejan, este derrumbe. De hecho, otra de las leyes de DeSantis (la HB 543) permite portar armas ocultas sin licencia, incrementando el peligro crónico de los tiroteos.
Mientras muchos inmigrantes se están mudando de Florida, en algunos casos tras años de residencia, lo más esperanzador proviene de las denuncias efectuadas por las asociaciones de derechos civiles y de las valientes movilizaciones de protesta tales como la de “Un día sin inmigrantes” que visibiliza la búsqueda de reconocimiento y dignidad de miles y miles de seres humanos.