Violencia narco-democrática en Ecuador

Por Ignacio Ríos
El próximo 20 de agosto se celebrarán las elecciones anticipadas de autoridades nacionales y legislativas luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional. Los frentes y partidos políticos debieron rearmar sus candidaturas rápidamente, pero la principal característica de esta campaña es la ola de violencia que la acompaña. Fueron asesinados autoridades municipales, candidatos a legislador y hasta un alcalde. Hubo otras agresiones y atentados contra periodistas y políticos y también secuestros de funcionarios de la Contraloría. Si bien ya hubo numerosos ataques a candidatos en las elecciones de febrero pasado, este proceso electoral es el más violento de la historia del país.
Como trasfondo, estallaron graves motines carcelarios las últimas semanas; el más saliente fue la masacre que se llevó la vida de más de treinta personas en la Penitenciaría del Litoral, acompañada de disturbios en diversas localidades. Las bandas criminales de narcotraficantes y secuestradores (como los “Tiguerones”, “Los Choneros”, los “Lobos” o la M18) crecieron exponencialmente los últimos años, montan sus bases en las cárceles (lo que es imposible sin la complicidad y colaboración de las fuerzas de seguridad) y entablan batallas entre sí por el control del territorio, haciendo de Ecuador uno de los países sudamericanos en los que más creció la tasa de homicidios por habitante.
¿Es una casualidad que este pico de violencia se produzca en medio de una campaña electoral, a su vez caótica y acelerada?
Por un lado, el Estado ecuatoriano –como los demás– colabora y saca tajada de los negocios de las bandas criminales que operan a su interior, pero sin ser capaz de controlarlas, lo que produce ocasionales choques o ajustes de cuentas. Por el otro, la descomposición de la política democrática del continente tiende a entremezclar los cambios políticos y de autoridades con la disputa territorial de estos mismos grupos criminales. Desde este punto de vista, las elecciones son también un momento en el que las bandas se reacomodan, configuran nuevas alianzas y se proyectan, en sociedad con los resortes del sistema democrático y con las diversas instituciones, desde los gobiernos nacionales y regionales hasta las fuerzas de seguridad, pasando por los legisladores corruptos. Se podría decir que estas bandas también hacen campaña prestando sus servicios a los partidos políticos tradicionales o yendo por su cuenta. No es una exageración: en insólitas declaraciones públicas, ciertas bandas criminales dan a entender que llegaron a acuerdos con el gobierno para poner fin a los disturbios. Los Estados contribuyen a engendrar monstruos que se les van de las manos porque la democracia acoge y sirve de paraguas para el desarrollo del crimen organizado, del que se nutre, pero que también es factor de su crisis y de descomposición. 
Publicado en Comuna Socialista 84