Por Camilo
Sans
Ferromex, la empresa de ferrocarriles más importante
de México, el 19 de septiembre decidió suspender 60 trenes de carga que
circulan desde la capital hasta la frontera con Estados Unidos debido al
escándalo que suscitó el incremento de los accidentes fatales de quienes viajan
en los techos de las formaciones en búsqueda de una vida mejor lejos de sus países
de origen.
En México, alrededor de 500 mil inmigrantes por año encuentran en esta red de trenes, conocida como “La Bestia”, una alternativa a las vías más tradicionales para llegar a los EEUU que se encuentran cada vez más vigiladas. Los inmigrantes (con la complicidad de la empresa, que en algunos casos cobra coimas para permitirlo) viajan miles de kilómetros a la intemperie exponiéndose a las inclemencias del clima, al riesgo de caerse y morir en las vías y a la violencia de los criminales que se aprovechan de la situación en el trayecto.
Sin embargo, no son estas condiciones infrahumanas lo que lleva al Estado a involucrarse en la situación, sino el hecho de que la crisis empieza a afectar el comercio interno y con EEUU que confiscó cargamentos de mercaderías con el objetivo de presionar al gobierno de López Obrador para que frene la migración. La respuesta de este último es la detención y la deportación: el Instituto Nacional de Migración anunció la realización de operativos de fiscalización en puntos estratégicos del trazado férreo para detectar a los inmigrantes, lo que empeorará aún más las cosas. De hecho, el último mes las detenciones diarias promedio se habían incrementado de 6 a 9 mil y en lo que va de 2023 fueron detenidas 1,47 millones de personas, de las cuales fue deportada la mitad.
Esta es una expresión palmaria de la inhumanidad de los Estados que condenan a decenas de miles a elegir entre resignarse a habitar en contextos hostiles marcados por condiciones socioeconómicas y niveles de violencia cotidiana que impiden una vida mínimamente digna y segura (en primer lugar, para las mujeres y los niños en quienes recae con mayor fuerza la disgregación social) o arriesgar su vida para dar cauce a la tenaz búsqueda de una vida mejor en contextos con mayores oportunidades. Afortunadamente, los valientes protagonistas de estos grandes movimientos humanos de la actualidad no solo se encuentran con la criminalidad estatal, sino que, en muchas ocasiones, también con la solidaridad de pobladores locales y organizaciones de voluntarios (no gubernamentales y religiosas) que los ayudan en su periplo, donándoles agua, comida, ropa y ofreciéndoles asistencia legal y médica cuando son detenidos y recluidos en centros en los que no se garantizan los derechos humanos.
En México, alrededor de 500 mil inmigrantes por año encuentran en esta red de trenes, conocida como “La Bestia”, una alternativa a las vías más tradicionales para llegar a los EEUU que se encuentran cada vez más vigiladas. Los inmigrantes (con la complicidad de la empresa, que en algunos casos cobra coimas para permitirlo) viajan miles de kilómetros a la intemperie exponiéndose a las inclemencias del clima, al riesgo de caerse y morir en las vías y a la violencia de los criminales que se aprovechan de la situación en el trayecto.
Sin embargo, no son estas condiciones infrahumanas lo que lleva al Estado a involucrarse en la situación, sino el hecho de que la crisis empieza a afectar el comercio interno y con EEUU que confiscó cargamentos de mercaderías con el objetivo de presionar al gobierno de López Obrador para que frene la migración. La respuesta de este último es la detención y la deportación: el Instituto Nacional de Migración anunció la realización de operativos de fiscalización en puntos estratégicos del trazado férreo para detectar a los inmigrantes, lo que empeorará aún más las cosas. De hecho, el último mes las detenciones diarias promedio se habían incrementado de 6 a 9 mil y en lo que va de 2023 fueron detenidas 1,47 millones de personas, de las cuales fue deportada la mitad.
Esta es una expresión palmaria de la inhumanidad de los Estados que condenan a decenas de miles a elegir entre resignarse a habitar en contextos hostiles marcados por condiciones socioeconómicas y niveles de violencia cotidiana que impiden una vida mínimamente digna y segura (en primer lugar, para las mujeres y los niños en quienes recae con mayor fuerza la disgregación social) o arriesgar su vida para dar cauce a la tenaz búsqueda de una vida mejor en contextos con mayores oportunidades. Afortunadamente, los valientes protagonistas de estos grandes movimientos humanos de la actualidad no solo se encuentran con la criminalidad estatal, sino que, en muchas ocasiones, también con la solidaridad de pobladores locales y organizaciones de voluntarios (no gubernamentales y religiosas) que los ayudan en su periplo, donándoles agua, comida, ropa y ofreciéndoles asistencia legal y médica cuando son detenidos y recluidos en centros en los que no se garantizan los derechos humanos.
Comuna Socialista 86