¿Hacia un Estado policial?



 

Camilo Sans

Según el último informe de la CORREPI, desde el comienzo del nuevo gobierno, las fuerzas de seguridad asesinan, en promedio, una persona por día, principalmente en cárceles y comisarías. Es una muestra de lo que puede venirse si sigue avanzando el gobierno liberticida. Imaginemos lo que puede llegar a ser la aplicación del artículo 344 de la Ley Ómnibus que establece que si las fuerzas del orden lesionan o matan a un posible delincuente, cuentan con una presunción de inocencia como premisa y las víctimas no pueden demandarlas, aun cuando no hubieran actuado en legítima defensa. Además, estipulan la obediencia debida como motivo para eximirlas de culpa y cargo. 

Sin embargo, esa disposición y la “doctrina Chocobar” en que se inspira, impulsadas por Patricia Bullrich y compañía, cuentan con un aval social no menor, inclusive en los sectores populares, los más afectados por los abusos policiales y el gatillo fácil. Mucha gente que sufre a diario la delincuencia y la violencia de las bandas criminales (que casi siempre actúan en connivencia o negociación con la policía) simpatiza con estas políticas y adhiere al discurso policial mentiroso sobre la supuesta falta de apoyo institucional a su accionar. Esto solo incrementará la violencia institucional, dejará intactos los intereses de las mafias y se volcará particularmente sobre los jóvenes de clases populares como Luciano Arruga o Facundo Castro. Recordemos que, hasta ahora y también bajo gobiernos progresistas, las fuerzas del orden ya tenían un alto grado de impunidad, salvo excepciones, en las que se han involucrado organismos y personas comprometidas con los derechos humanos que, con mucho esfuerzo, han logrado algún tipo de justicia. Así lo refleja la reciente condena recibida por los prefectos que asesinaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017: entre cuatro y cinco años de prisión por exceso en la legítima defensa, aun habiendo desobedecido las órdenes de esperar refuerzos antes de actuar.

A este intento de instalar  la “doctrina Chocobar” se le suman otras medidas, como el protocolo antipiquetes y la incorporación de la Gendarmería Nacional a la represión de las manifestaciones. Un combo que, si se consolida, representará un salto cualitativo en la represión dando lugar a un virtual Estado policial, lo cual implicará un ataque frontal a las libertades más elementales. Se trata de una expresión que, junto con los payasescos primeros pasos del nuevo gobierno, dan cuenta de un fenómeno que va más allá: la deriva ultrarreaccionaria y represiva de la política democrática que, a tono con el resto del continente y del mundo, muestra cada vez más su verdadero rostro bélico y criminal.