Ecuador: a disposición del narcotráfico

 



Facundo Esteban

Las noticias respecto de la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador son cada vez más alarmantes. Luego de un proceso electoral extremadamente virulento –que incluyó el asesinato de un candidato presidencial–, una serie de fugas y motines carcelarios, numerosos atentados en varias ciudades y la toma de rehenes en un canal de televisión parecen conducir a una mayor generalización de la violencia. La respuesta del Estado, reiterada en innumerables ocasiones en los últimos años, ha sido declarar un “conflicto armado interno”, el estado de emergencia y aumentar el despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas policiales.

Desde hace varios años, los puertos de la costa ecuatoriana y especialmente el de Guayaquil, la principal ciudad del país, han servido para la exportación de la cocaína producida en Colombia y, en menor medida, en Perú. Las extensas y tortuosas zonas fronterizas con estos dos países sirven al intercambio de materias primas, armas y dinero. Se calcula que Ecuador es el principal país de salida de la cocaína que llega a Europa y que exporta más de un tercio de la producción colombiana. El aumento sostenido del comercio y del consumo mundial de cocaína garantizan la expansión futura del negocio en toda Latinoamérica.

En los vecinos Perú y Colombia, principales países de cultivo de coca, organizaciones militarizadas y/o grupos paramilitares controlaron históricamente el negocio de la droga desde su origen, en muchos casos operando en zonas rurales remotas. Por el contrario, en Ecuador se vislumbra el “modelo” mexicano: una miríada de organizaciones pugna por el reparto del negocio (principalmente logístico) y del territorio ejerciendo una espiral de violencia directamente en los centros urbanos.

En el caso de Ecuador las bandas armadas funcionan en total sintonía con el conjunto del Estado: policías, penitenciarios, militares, jueces, funcionarios, etcétera se encuentran a sueldo de las bandas o reciben sobornos. Lo hacen en muchos casos directamente desde el interior del sistema carcelario, donde han acumulado arsenales de alto calibre, obtienen trato preferencial, digitan la continuidad de la actividad y resuelven las disputas mediante el asesinato. Al beneficio de la droga se le suman la minería ilegal, el tráfico de personas y la extorsión.

Por otra parte, el extraordinario negocio del narcotráfico no puede explicarse sin la pata económico- financiera: la utilización de canales preexistentes para lavar dinero, pagar sobornos, eludir el pago de impuestos, traficar mercancías, ocultar activos o evitar responsabilidades judiciales. Un engranaje muy bien aceitado, sin el cual no sería viable la operación del narcotráfico y que implica a empresarios, intermediarios, funcionarios, bancos e inversores, todos ellos a salvo de mancharse las manos con la violencia. En la mayoría de los casos, la militarización y la “mano dura” de los Estados se combinan (no casualmente) con la desregulación del sector financiero.

El narcotráfico encuentra un caldo de cultivo muy importante en sociedades disgregadas. La búsqueda de acceso a bienes de lujo como forma de valorar el éxito y la felicidad individual se combinan con la crisis de valores con respecto a la vida en común y la falta de perspectivas. En esas circunstancias, el dinero fácil y abundante de las bandas de narcotraficantes seduce a muchos que, despreocupados por la  disociación entre medios y fines, sirven de carne de cañón en la espiral de violencia. Más que nunca, es importante alentar una sustracción de la lógica narcocriminal y estatal para no ser víctimas ni victimarios.