Tratamiento de la Ley Ómnibus: exhibición de totalitarismo democrático

 


Mario Larroca

Mientras se consagra a las “fuerzas del cielo” y a la virtualidad digital, Milei pretende gobernar la vida real de las mujeres y los hombres de este país con puño de hierro, profundizando los daños preexistentes en el tejido social y humano a la velocidad de la luz.

El cogobierno de hecho de LLA-PRO, con el aval de los “dialoguistas” de la UCR y del ala más derechista del peronismo, logró que Diputados aprobara en general una ley que, en caso de ser refrendada, representará el ataque más brutal a las condiciones de vida y la libertad de las mayorías populares desde el retorno democrático. Los eufemismos que utilizan estos auténticos decadentes no hacen más que evidenciar su descaro. Hablan de “motosierra” –el recorte del gasto público a partir del despido de decenas de miles de trabajadores estatales– y de “licuadora” –la licuación imparable del valor de salarios y jubilaciones–. Dicen que la Ley “Ómnibus” ha pasado a ser “Combi” por la “buena voluntad” oficialista de retirar la mitad de los artículos de la normativa original. Lo cierto es que, en cuatro ruedas o con las prepotentes motos de la Federal, el objetivo es aplastar la esperanza de una vida más justa de la gente común para disciplinarla a la codicia de los monopolistas salvajes, a quienes Milei calificó de “héroes” en Davos.

Hay que ser muy malvados para suspender, como ocurre desde el 10 de diciembre, la entrega de alimentos a los comedores populares o para eliminar los subsidios al cine, el teatro, la música y los medios comunitarios. Hay que ser patriarcas demasiado perversos para negar la violencia de género o para dejar allanado el camino a la derogación del derecho al aborto, arrancado al parlamento por millones de mujeres con su movilización. Hay que sentir un desprecio muy grande hacia los jóvenes o los inmigrantes de los barrios populares para otorgar impunidad casi total a las fuerzas del orden a la hora de reprimir. Para muestra basta un botón: la ferocidad del ataque de las fuerzas federales, morbosamente desplegadas, contra manifestantes y periodistas durante las jornadas de protesta contra la Ley.

La pretensión totalitaria no se detiene allí. La derecha reaccionaria y liberticida reclama para sí el otorgamiento de “facultades delegadas” –una suerte de suma del poder público–, algo potencialmente muy peligroso en manos de gente de moral pútrida y fanática de las armas como Patricia Bullrich, responsable de crímenes de Estado como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. O de José Luis Espert, que amenaza de muerte a diputados de izquierda mientras financia sus campañas electorales con dinero del narcotráfico, como ha denunciado Juan Grabois.

No existe “tratamiento” ni cirugía mayor que pueda hacer brotar algo positivo del parlamento burgués. No puede haber diálogo verdadero al interior de instituciones donde rige la lógica bélica, la servidumbre voluntaria a los capitalistas y las trenzas entre camarillas corruptas. Tal vez, si las personas voluntariosas nos confiamos al propio protagonismo, podamos acomunarnos en ámbitos independientes y solidarios en los que experimentar valores positivos –entre ellos, el conocimiento directo, la escucha recíproca y respetuosa–, como premisa de una convivencia mejor.