A cargo de Camilo Sans
El 13 de mayo el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y el Polo Obrero sufrieron allanamientos en sus locales y viviendas, una nueva agresión
que representa un salto cualitativo en la persecución contra las organizaciones populares y sus dirigentes que viene llevando a cabo el gobierno desde su asunción,
cuando implementó el protocolo antipiquetes con el que reprime con particular saña a los sectores populares buscando cercenar la libertad de expresión y el derecho
a la protesta en el marco de un ataque brutal a sus condiciones de vida.
A continuación, entrevistamos a Carlos Fernández (quien fue uno de los que sufrió un allanamiento en su vivienda) y Analía Zárate, militantes del FOL.
C.S: ¿Cómo fueron los allanamientos y
el ataque judicial a sus organizaciones? ¿Cómo está la situación ahora?
C.F: Hubo 27 allanamientos a locales,
comedores, cooperativas y casas particulares de militantes de nuestra
organización, del Polo Obrero y de Barrios de Pie por supuesta “extorsión y
coerción para ir a una movilización”. No solo nos incautaron celulares,
computadoras y documentación personal y de las cooperativas, sino también
documentos internos de nuestra organización y cuadernos de los militantes con
apuntes y anotaciones personales. Además, nos habían estado haciendo
inteligencia hace seis meses desde la implementación de la línea de denuncias
134 por parte de Petovello, lo cual incluyó la intervención de nuestros
celulares y el acceso a nuestras cuentas bancarias. Este accionar se basa en
tan solo tres denuncias ratificadas ante la justicia contra organizaciones que
comprenden miles de personas. Aún más, con toda la investigación que hicieron
hasta el momento no lograron encontrar ninguna prueba de las acusaciones del
fiscal.
Esto se da
en el contexto de un corte total de la asistencia alimentaria y los programas
de integración sociourbana desde la asunción de Milei, el reciente recorte del
50% de los ingresos ($78.000 por mes) de quienes cobran los planes Potenciar
Trabajo y la eliminación del monotributo social, que perjudica principalmente
a las mujeres.
C.S: ¿Cómo interpretan estos ataques a
la luz de una avanzada más amplia contra las condiciones de vida y los
derechos de la gente que van de la mano de un incremento de la xenofobia y de
la violencia patriarcal?
C.F: Hay un ataque a la libertad de
expresión y al derecho a la protesta de los más vulnerables ya que ahora el
gobierno puso como condición para los programas de ayuda social que no
participen de ninguna protesta.
Se la
agarran con nosotros porque desde la asunción de este gobierno estuvimos en las
calles y, además, a través de estos ataques también buscan deslegitimar y
meterle miedo a un sector más amplio de la población que se ha venido movilizando
para disciplinarlo. Lo que buscan es desmantelar las organizaciones sociales y
desarticular las redes autogestionadas y solidarias que existen en estos
lugares y que tienen una larga historia.
A.Z: Así lo demuestra la campaña de
deslegitimación y difamación orquestada desde los medios masivos de
comunicación, que conocían las denuncias y las órdenes de allanamiento antes
que nosotros y que ahora están tratando de mostrar que los comedores no existen.
Lo que debería preguntarse la gente es cómo siguen funcionando los comedores
que quedan en pie considerando que hace meses no reciben absolutamente nada.
C.S.: ¿Y cómo hacen para sostenerlos?
A.Z: De todo y más. Las organizaciones
sociales estamos en los barrios hace mucho tiempo, desde antes de la política
de asistencia social estatal. Y contamos con la gimnasia necesaria para
resistir con la nada misma. De ahí venimos.
C.F: Estos espacios surgieron gracias
al esfuerzo y generosidad de compañeras y compañeros que buscaron organizarse
para hacer frente a situaciones muy difíciles sin recursos del Estado, en base
a colectas entre los vecinos y los comerciantes que donan lo que pueden.
Además, los comedores no son lugares en donde solo se reparte comida. Y no son
una solución al problema del hambre en Argentina. Son otra cosa: espacios de
articulación territorial y comunitaria, donde se detectan situaciones de
abuso, de violencia de género, problemas de consumo, falta de escolarización.
En la cuarentena también fueron fundamentales para detectar y seguir los casos
de Covid y son fundamentales para garantizar las campañas de vacunación y de
salud bucal por la cercanía que tenemos con la gente y la ausencia total del
Estado desde hace muchos años. Al sacarle los recursos a los comedores se ataca
y se desarticula todo lo que se genera en esos espacios comunitarios y sus
alrededores.
Si se
siguen reduciendo estos lugares va a avanzar el narcotráfico. La experiencia
muestra que, a diferencia de otros lugares de América Latina, los narcos acá
no se pudieron desarrollar con la misma rapidez y facilidad en gran parte
debido a la presencia y accionar de organizaciones sociales que fomentaron
redes autogestionarias de articulación entre vecinos. El Estado no va a llegar
a estos espacios y van a quedar a manos de los narcos.