Por Ignacio Ríos
Las
próximas elecciones del 2 de junio en México conviven con un estado de guerra
entre facciones rivales de narcos (el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva
Generación) que mantiene en vilo al sur del país. Gracias a los testimonios de
pobladores, periodistas y activistas por los derechos humanos, se puede saber
más de una realidad que poco tiene que ver con la supuesta normalidad institucional
que emana de los debates entre los candidatos por la televisión.
En algunos
pueblos cercanos a la frontera con Guatemala, los narcos instalaron retenes
para controlar quién sale y entra y administrar el acceso de alimentos y otros
bienes, además de realizar surreales desfiles militares con todo y vehículos
blindados. Si la gente se niega a sumarse a sus filas y prestar ayuda a uno u
otro bando, los narcos cortan los servicios de luz, agua e internet de todo el
pueblo. Estas poblaciones viven secuestradas y sometidas a la amenaza y a la
violencia constante por lo que muchos se van de esos territorios engrosando el
número de desplazados internos.
Mientras
tanto, el presidente López Obrador niega que la cantidad de desplazados por
la violencia sea tan alta, afirma que no son reales los videos con las demostraciones
de fuerza de los narcos y desacredita a los periodistas que informan sobre los
pactos entre los carteles y los políticos locales. Incluso se omite la
realidad del propio proceso electoral: en el estado de Chiapas hubo renuncias
masivas de candidatos de todos los partidos políticos y algunos ya fueron
asesinados. Sectores de la Iglesia denuncian la corrupción política y plantean
que, en regiones enteras de Chiapas, directamente no hay condiciones para
votar.
Es
posible, como afirma el zapatismo, que al gobierno le sirva y hasta aliente la
situación. Los grandes proyectos de infraestructura en el sur del país –como
el Tren Maya o el Corredor Interoceánico– representan un peligro para la
naturaleza y para las comunidades de la zona, las que ya dieron señales de
resistencia. Por eso, lo mejor es correrlas de ahí, mediante la acción de las
fuerzas represivas (Chiapas es uno de los estados más militarizados de México)
o bien de manera indirecta, a través de la violencia narco. Pero además el
Estado “narcodemocrático” mexicano no tiene otra opción ya que, por lo menos
en algunas zonas, las instituciones formales son más débiles que los carteles
o dependen de ellos.
Se vienen
las elecciones, algunas políticas sociales de López Obrador han tenido consenso
y todo indica que ganará la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum. Sin
embargo, la política democrática está rota, no puede hacerse valer ni detener
las dinámicas que ella misma promovió por el grado de corrupción y alianza con
los carteles. Se requiere de mucho coraje, por parte de la gente común, para
enfrentar esta mortal combinación entre violencia narco, decadencia de la
política, ceguera, negocios compartidos y desprecio por la vida.