✒ Camilo Sans
Desde el mes pasado, cientos de personas se están movilizando
en Jujuy contra el acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa israelí
Mekorot por el control del agua en la provincia. Con la consigna “Sin agua no
hay vida”, buscan poner blanco sobre negro exigencias humanas elementales, así
como el peligro que representa este nuevo intento de privatización y manejo
irracional del agua en beneficio de los grandes empresarios extractivistas que
dejan afuera a quien no pueda pagar las elevadas tarifas. Por eso, defienden el
agua como un bien natural a preservar y la garantía de su acceso libre y
gratuito y proponen proyectos a escala más humana, que no degraden el
medioambiente y garanticen la producción local de alimentos en beneficio de la
gente. Indígenas de distintas proveniencias, junto con ambientalistas y
militantes de derechos humanos, se encuentran en pie de lucha y están
realizando asambleas. La más reciente se llevó a cabo en Purmamarca y se votó
un plan de lucha contra Mekorot, pero también contra la Ley Bases y la Ley de
Emergencia Económica impulsada por el gobernador Sadir, que implicará la
reubicación de varias poblaciones. La asamblea envió voceros de cuatrocientas
comunidades indígenas a la capital provincial para denunciar la primera Mesa
del Agua en la que el gobierno convocó a los empresarios locales y a Mekorot a
espaldas de las comunidades.
Hay correlatos en otras provincias del país en las que la gente también está impulsando la Campaña “Fuera Mekorot”, una iniciativa de denuncia y boicot a esta empresa que priva y limita el acceso al agua de los palestinos desde la fundación del Estado de Israel y que ahora trata de imponer su modelo en Latinoamérica. Esta lucha nos hace pensar en la necesidad de que tomemos más conciencia del peligro que implica la voracidad de las multinacionales y los Estados para los cuales el agua no es más que una mercancía de la cual sacar ganancia, así como de expandir la solidaridad afrontando lógicas sectoriales en pos de una unión más amplia entre comunidades locales y personas y organizaciones solidarias diversas poniendo en el centro la defensa de la vida y de la naturaleza. Todo esto en un contexto cada vez más complicado por la posible sanción de normativas como el RIGI, que va a hacer aún más fácil y lucrativo que antes la privatización y la explotación del agua y otros recursos esenciales para la vida.