Por Mariana Camps
El
desprecio liberfacho por los más humildes no deja de crecer. Ahora el gobierno
ha presentado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad –más bien de
punibilidad, de castigo, como eligen llamarlo los y las especialistas más
comprometidas en su rechazo– y, en caso de aprobarse en las cámaras, niños y
adolescentes podrán ser procesados desde los trece años y recibir condenas de hasta
veinte años de prisión.
Está
claro que estos paladines del odio no sienten el desafío de educar y proteger a
los jóvenes con la finalidad de que no se aferren a la violencia o puedan
recuperarse de ella. Aun a sabiendas de que muchísimas veces entran en la edad
consciente en marcos de carencias materiales y afectivas, degradación moral y
disgregación social/familiar no elegida. La adolescencia, incluso en contextos
difíciles, es una fase de la vida en la que los márgenes de cambio son amplios,
sobre todo si hay cariño (no exento de rigurosidad en defensa de valores
benéficos) y los estímulos son los adecuados. Pero estos abanderados de la
represión no conocen nada de lo humano, no se sienten responsables de los
dramas que generan, ni confían en los recursos potenciales de los jóvenes. Solo
saben y quieren vigilar, controlar y castigar. No les importa que menos del 1%
de los delitos graves de los últimos años haya sido cometido por menores de 16
años.
Por
suerte, en muchos barrios populares existen personas religiosas y no,
comprometidas en frenar el avance de la violencia juvenil, enfrentando muchas
veces a los narcos y a la policía, que son los primeros responsables de la
brutalidad. También se están movilizando contra este proyecto algunas
asociaciones de víctimas de delitos cuyos protagonistas sostienen que, pese a
haber sufrido agresiones, incluso muy graves, no han perdido su humanidad.