Hace
pocas semanas, el Congreso de Perú aprobó una ley que otorga la amnistía a los
responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002, fecha
de adhesión a los tratados internacionales que establecen la
imprescriptibilidad de estos delitos. En una clara muestra de desprecio por la
vida de las mayorías, el Estado peruano ofrece inmunidad a los condenados por
las peores masacres y violaciones –desde militares y políticos, entre ellos el
exdictador Alberto Fujimori, hasta terroristas de Sendero Luminoso–, así como
amenaza a las víctimas con archivar sus procesos penales y con rechazar nuevas
investigaciones. Contra este dictamen, distintas organizaciones comprometidas por
los derechos humanos declararon que continuarán con sus luchas. En particular, es
importante resaltar a la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones
Forzadas, no solo por la magnitud de su causa, sino también por la inspiración
que puede suscitar la fuerza de mujeres humildes que no se doblegan por los
reveses del poder judicial.
Recordemos
que, entre 1996 y 2001, la dictadura cívico-militar de Fujimori implementó el
“Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, que
básicamente consistía en querer controlar la natalidad de las campesinas e
indígenas por medio de esterilizaciones forzadas. Este ataque a la integridad psicofísica
de alrededor de 300 mil mujeres ha sido denunciado penalmente a través de 2 mil
desgarradores testimonios, aunque la causa sigue impune. Sin embargo, las
denunciantes continúan su pelea sorteando las trabas constantes de la Justicia:
desde la falta de traductores de sus lenguas al castellano hasta la anulación y
vuelta a foja cero de los expedientes en cinco ocasiones. Hoy, la nueva ley de
amnistía pone en mayor riesgo la búsqueda de la justicia, verdad, reparación y
el castigo a los culpables de este sistemático, macabro y patriarcal plan. Entre
ellos, están acusados Fujimori y tres exministros de salud, uno de ellos, Alejandro
Aguinaga, actual congresista.
Esta
ley deja al descubierto el irreformable carácter opresor, racista, clasista y patriarcal
de los Estados, en este caso del peruano. En mayor medida, si por algo se puede
acceder a la verdad y la justicia, es por las distintas organizaciones y
personalidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos y por la
persistente obra esclarecedora de estas mujeres.