Julia Rohatsch
El desierto de Sonora, en el suroeste de Arizona, es uno de los pasos fronterizos más hostiles, el que miles de inmigrantes provenientes de México, Centroamérica y el Caribe eligen cada año para ingresar a Estados Unidos. Allí se extiende una red solidaria de voluntariosas y voluntariosos que brinda ayuda indispensable a quienes llegan escapando de la violencia y de condiciones precarias de existencia en sus países de origen en busca de una vida mejor. Construyen pequeños, pero fundamentales oasis de vida. Arman campamentos improvisados donde los asisten y hay quienes recorren las rutas migratorias para dejar debajo de los árboles agua, comida, abrigo y medicamentos para los caminantes. Son personas comunes que forman parte de organizaciones sin fines de lucro como Humane Borders o No more deaths. No conocen a las mujeres, hombres y niños que cruzan la frontera y muchas veces ni siquiera se encuentran con ellos, pero, animados por un fuerte sentido de reconocimiento en la humanidad común y diferente que es toda la familia humana, imaginan y saben de las condiciones extremas a las que se enfrentan los inmigrantes cuando cruzan el desierto y los riesgos a los que se exponen. Cientos de ellos mueren y desaparecen en el desierto cada año, son abandonados o estafados por las mafias que lucran con sus sueños y su desesperación y las mujeres son violadas. Quienes logran atravesarlo lo hacen también por la solidaridad de estos voluntariosos.
La consigna “La ayuda humanitaria nunca es un delito”, que se puede leer en carteles que las organizaciones han colocado en la frontera, denuncia y desafía al Estado norteamericano para el que la vida de los inmigrantes no vale nada. Una idea que fue el eje del discurso que sostuvo Trump en el último debate presidencial. Sin embargo, la diferencia la hacen las personas. Quienes ayudan están convencidos de que asistir a personas vulnerables, salvar vidas y mitigar el sufrimiento no constituye un delito por más que la ley así lo sancione.