Julia Rohatsch
En los últimos cuatro meses, la propagación de los incendios en la Amazonía Boliviana ya afectó más de 10 millones de hectáreas, lo que está empeorando la calidad del aire, dañando la salud de las personas y destruyendo la biodiversidad. Desde inicios de septiembre, en la ciudad de La Paz y en varias localidades del departamento de Santa Cruz, organizaciones ambientalistas, pueblos originarios, campesinas/os y vecinas/os están realizando manifestaciones para exigirle al gobierno de Luis Arce ayuda y recursos para las zonas afectadas. También reclaman la derogación de las popularmente llamadas “leyes incendiarias” que autorizan la quema de bosques y pastizales para extender la zona de explotación agropecuaria.
Quienes están
en primera línea enfrentando este desastre natural son las personas que habitan
esas zonas, las que, frente al abandono del Estado y con escaso equipamiento, forman
brigadas para apagar el fuego exponiéndose a grandes riesgos. Entre ellas,
existen distintas visiones sobre la naturaleza que provienen de la diversidad de
elementos sociales, ideológicos y culturales, pero están unidas en su defensa. No
sin contradicciones, desde el impacto cultural de la depredación obrada por los
diferentes poderes dominantes hasta la impronta prepotente y masculina muy presente
en las localidades, saben que la naturaleza primera hace parte de sus
costumbres, creencias, lazos comunitarios y modos de producción e intercambio.
Por eso
identifican y denuncian al gobierno de Arce como el principal responsable de lo
que está sucediendo. Desde que estas “leyes incendiarias” fueron aprobadas en
2011 en tiempos de Evo Morales, los gobiernos de turno no han dejado de firmar acuerdos
con sectores poderosos del agronegocio dejándoles el camino libre para expoliar
los recursos naturales a voluntad, con la complicidad de ciertos sectores
campesinos aliados del MAS.
La quema de
terrenos es una práctica habitual, pero, en manos de los monopolios y los
Estados, se vuelve un verdadero peligro que no respeta equilibrios en aras de la
sed de ganancias, haciendo que muy fácilmente el fuego se salga de control y
ocasione graves daños para la naturaleza y para las personas. Los gobiernos ni
siquiera tienen la previsión o una mínima mirada de futuro como para moderarse
ante la sequía y las consecuencias del cambio climático. Una vez más, es la gente
común la que debe paliar los desastres que ocasionan, lo que también incluye la
denuncia y la lucha contra las políticas que destruyen la naturaleza que nos
alberga a todas y todos.