Ignacio Ríos
La sociedad boliviana está entrampada en la batalla
de poder entre el presidente Luis Arce y Evo Morales hacia las elecciones de
agosto de 2025. Los tonos que esta pelea adquiere son absurdos y poco claros: comprende
aquella invasión de tanques a la Plaza Murillo en junio o ahora los balazos al
coche de Evo Morales y la posterior toma de rehenes. La irresponsabilidad de ambos
contendientes está llevando al peligro concreto y real de un desastroso
conflicto civil, aunque sea a pequeña escala.
Salvo el corto período de Jeanine Áñez en el
poder, el MAS gobierna Bolivia nada menos que desde 2006. Sus internas marcan
el compás del reacomodamiento y la configuración del poder estatal, pero lo que
se ve claramente es que los mecanismos democráticos valen cada vez menos para
dirimir, gestionar y administrar las pujas entre sus diferentes facciones. Es
por esta misma razón que las herramientas judiciales y legislativas se ponen al
servicio de la batalla por el poder negativo.
El mundo diseñado por los opresores se derrumba y América
Latina no es la excepción: sus propios mecanismos regulatorios crujen y se
aprecia cada vez más la lógica bélica que los mueve, lo que se hace visible
contra otros Estados, contra las poblaciones autóctonas o en las relaciones
entre ellos mismos.
Es una fase en la que se manifiesta crudamente
esta lógica de conflicto y de guerra y también la inmoralidad de los señores de
la opresión y de los Estados. A tono con los rasgos autoritarios y ferozmente patriarcales
de los caudillos latinoamericanos, Evo Morales afronta una investigación por
abuso de menores que data de hace años y que el gobierno de Arce cajoneó solo
hasta que rompieron relaciones entre sí, lo que demuestra la horrenda
instrumentalidad que rige la vida del MAS, otrora paladín y abanderado de la
izquierda latinoamericana.
Pero además de este rasgo general, la laceración
no se detiene en las cúpulas del MAS ni en las instituciones estatales, sino
que ha impregnado la vida social y popular de este país tan complejo y diverso.
Desde hace años, los gobiernos masistas se dedican a cooptar, controlar y dividir
a las organizaciones sociales sobre las que supuestamente se apoyaban. Así lo
ha hecho Morales para restar fuerza a los reclamos indígenas contra las medidas
antipopulares de sus gobiernos (muy claramente desde la lucha del 2010 en
defensa del Tipnis) y así también lo está haciendo Arce para recortar espacios
de poder a su archienemigo. Uno de los resultados concretos de estas maniobras
es que los colectivos indígenas y campesinos no tienen la misma fuerza que
antes, por ejemplo, para contrarrestar la deforestación y el agronegocio motorizado
por la burguesía boliviana y la derecha racista.
Ante un nuevo intento de intervención
gubernamental a una de sus sedes, los llamados “Ponchos Rojos” de la federación
campesina Tupac Katari de La Paz hicieron público un comunicado que se titulaba
“No es por Evo ni por Arce, carajo”. Una señal de que desde las bases de
ciertas organizaciones sociales comienza a surgir la exigencia de recuperar la
independencia perdida y de no ser más peones de estas pujas de poder.