Tatiana Carsen
El gobierno de
Milei ajusta sistemática y violentamente a las personas con discapacidad, cortando
programas de asistencia y pensiones contributivas por invalidez, e incluso saca
la Resolución ANDIS 187/2025 en la que califica los grados de discapacidad con
diagnósticos perimidos y anacrónicos. Es una mirada que reduce y vulnera a las
personas a cambio de obtener ayudas necesarias para compensar sus
discapacidades. Muchos de quienes se vieron afectados por esta resolución, junto
a familiares, cuidadores y prestadores de servicios se manifestaron el pasado 10
de marzo frente a la Casa Rosada bajo el lema “Por una discapacidad sin
violencia”. Profundizar esta importante reacción podría nutrirse de la creación
colaborativa de ámbitos colectivos donde se afirmen las mejores capacidades de
las personas de manera solidaria y reflexiva, bajo un nuevo enfoque sobre la
discapacidad inspirado en una idea de humanidad común y diferente.