Entrevistamos a G.M., activista y defensor de los derechos humanos en El Salvador que está de paso por Buenos Aires.
A cargo de Ignacio Ríos
Según nos contaste, en El Salvador sos parte de una ONG defensora de los derechos humanos. Teniendo en cuenta el ambiente altamente represivo impuesto por el gobierno de Bukele, esa elección ya representa un motivo de coraje. ¿Cómo desarrollan su actividad?
Allí era parte de AMATE, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales de la población LGBTI. Mi rol era brindar formación, realizar investigaciones y llevar un registro en el marco del régimen de excepción implementado en el país. Desde la llegada de Bukele a la presidencia, el trabajo de las organizaciones (la nuestra no es la única) ha estado bajo ataque, a través de su discurso y de algunas acciones. Ha acusado a las organizaciones de “estar tras el derramamiento de sangre causado por las pandillas”, de “defenderlas”, únicamente porque algunas hemos documentado y denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos provocadas por el régimen de excepción.
A tres años de la implementación de esta medida, ¿cuál es la situación hoy desde el punto de vista de las libertades democráticas?
Considero que en El Salvador vivimos en dictadura. La reelección de Bukele es inconstitucional, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia obedecen a sus intereses. La Sala de lo Constitucional, impuesta por la Asamblea Legislativa oficialista, avaló su reelección mediante una reinterpretación de la Constitución. Desde hace tres años vivimos un estado de excepción que suspende ciertas garantías constitucionales como supuesta medida contra las pandillas. Sin embargo, hay evidencia que señala que se ha usado para intimidar a críticos del gobierno y detener a miles de personas inocentes de las que no se sabe nada. Bukele lo mantiene con un fin político: ejercer control y dominación sobre la población, para que la gente tenga temor de organizarse, de politizarse y accionar contra las cosas que están pasando. Algunas organizaciones han documentado al menos 300 muertes bajo custodia del Estado y la mayoría han sido muertes violentas. A pesar de que todavía uno se puede organizar y denunciar ciertas atrocidades (de hecho hay marchas y plantones para exigir información y liberaciones), la mayoría de las personas lo hacemos con temor a que nos pueda suceder algo a nosotros o a nuestras familias.
Ante la violencia existente en todos los países latinoamericanos, el modelo de mano dura de Bukele se populariza, sobre todo entre los gobiernos de derecha y desgraciadamente en no pocos sectores de la población. ¿Nos podés ofrecer una última reflexión al respecto?
Pienso que los problemas de violencia e inseguridad deben resolverse desde un enfoque de derechos humanos y mejorar las condiciones económicas y sociales. La represión demuestra la incapacidad del gobierno de dialogar y buscar alternativas sostenibles. En El Salvador, casi 6.000 personas inocentes han sido afectadas por el régimen de excepción. Esto rompe el tejido social de cualquier país y, además, recientes investigaciones han demostrado que, en realidad, el descenso en los índices de criminalidad se debió a un acuerdo que Bukele sostenía con las pandillas a cambio de favores en las cárceles y de dinero. Ahora las pandillas parecen desarticuladas, varios de sus integrantes forman parte del gobierno y lo que nos queda es que el agresor y mayor violentador de la población ha pasado a ser el Estado con su brazo armado de policías y militares.