Cecilia Buttazzoni
Estudiantes, trabajadores, pueblos originarios y organizaciones ambientalistas se están manifestando en Panamá contra las distintas medidas que tomó en solo un año el gobierno de José Raúl Mulino. En primer lugar, el empresario implementó una ley de seguridad social –aprobada por el Congreso– que recorta recursos en salud, educación, pensiones, jubilaciones y derechos laborales. Además, llegó a un acuerdo con EEUU que permite su retorno a puestos estratégicos en el Canal y, por último, amenazó con reabrir una mina de cobre que se encuentra cerrada judicialmente desde 2023 gracias a la lucha de los pueblos originarios y los ambientalistas. Estos ataques a las condiciones de vida de las personas comunes originaron las manifestaciones más importantes del país caribeño en los últimos 30 años.
En rasgos generales, las movilizaciones expresan que diversos sectores de la población panameña comienzan a unirse contra la crueldad de los poderosos que quieren beneficiarse a expensas del ajuste de los más vulnerables y de la explotación de los recursos naturales. Si bien esta opresión estuvo siempre presente, anteriormente los negocios de los monopolios extranjeros con la arrastrada burguesía local en torno de un canal tan estratégico permitieron, por un tiempo, ciertas concesiones a la población que, por esta razón, no es una de las más pobres de Centroamérica. Hoy en día, la fábula ya no es más creíble porque las mismas personas comunes, desde distintos sectores, parecen comenzar a ponerla en entredicho. El actual ajuste del gobierno agrava la histórica desigualdad y la brecha entre un pequeñísimo grupo enriquecido –por el lavado de dinero de las más oscuras procedencias, entre otros negociados– y una población cada vez más pobre. En este último grupo, los más castigados son las seis comarcas indígenas que ven amenazado su ancestral modo de vida por el extractivismo y por el mismo canal que altera el ecosistema a causa de los insumos hidráulicos que requiere para funcionar. Finalmente, juegan un rol no menos importante los intereses de los países extranjeros, que también buscan sacar su tajada. Es un ejemplo de esto el acuerdo de abril entre Mulino y EEUU, que fue interpretado por Trump como un paso adelante en su búsqueda de “recuperar” el canal.
El fin de la credibilidad de las promesas de los poderosos puede abrir nuevas posibilidades. Por el momento es importante esta reacción de tantas personas para defender la dignidad, el valor de la vida y el medioambiente contra la prepotencia del Estado que se vuelve cada vez más peligroso, porque siempre sometió a las grandes mayorías, pero en la actualidad queda claro que solo ofrece destrucción de los recursos naturales, ajuste, hambre y represión.