Ignacio Ríos
El operativo policial de la última semana de octubre en las favelas de Río de Janeiro fue el más letal de la historia de Brasil. 121 muertos en total, muchos con las manos atadas por la espalda, señal evidente de que habían sido ejecutados sin oponer resistencia, algunos decapitados, los cadáveres expuestos en la calle.
En Latinoamérica, el imparable avance del narcotráfico –como, por ejemplo, el de las bandas del Comando Vermelho– y de la criminalidad y mafia organizada se combina con la lógica bélica de los Estados hasta fundirse en un mismo fenómeno y producir jornadas de horror como aquella. Cláudio Castro, el gobernador estadual, es un político bolsonarista partidario de la mano dura y del concepto de “narcoterrorismo”, el mismo que Trump está utilizando para destruir las barcazas de pescadores en el Mar Caribe. Pero además es un hombre ligado a las milicias paramilitares que controlan barrios enteros de Río, lo que incluye, en ocasiones, la extorsión a los mismos narcos para sacar tajada. El terrible y asesino operativo policial liquidó a gran cantidad de competidores, tanto desde el punto de vista del poder negativo de control sobre las calles de la megalópolis carioca como desde el punto de vista del negocio, del que participa el Estado brasileño. Y esa competencia se dirime mediante acciones de características cada vez más bélicas, como si fuese efectivamente una guerra, con sus ejércitos, sus tácticas, sus campos de batalla y sus daños colaterales.
Saltan por los aires los derechos democráticos y el estado de derecho, la presunción de inocencia, el respeto a las instituciones, la abolición de la pena de muerte, la idea de que un sospechoso de delito debe ser llevado ante la Justicia. Lula, quizás la principal figura política de América Latina, no estaba ni enterado de la operación, se sorprendió por lo hecho por su gobernador y luego se dedicó torpemente a promulgar una ley y crear una Oficina de Emergencia. La democracia queda, así, vaciada de contenido y de significado, ya no implica ningún tipo de garantía formal para la gente, sobre todo para quienes viven en las favelas.
Justamente, fueron los vecinos de los complejos de Penha y Alemão quienes se manifestaron durante los posteriores días contra el gobernador Castro, tanto en la plaza adonde se depositaron los cadáveres como frente al palacio del gobierno estadual con pancartas hechas a mano que lo acusaban de “asesino”, hablaban de Brasil como un “Estado genocida” y afirmaban valientemente que “todas las vidas importan”. Una señal de esperanza y de reacción en defensa de la vida en medio de tamaña barbarie.