Mariana Camps y Cristina Gabelloni
El 9 de diciembre de 1985 culminó el Juicio a las Juntas. Un proceso judicial inédito que puso en el banquillo de los acusados a nueve de los diez integrantes de las tres juntas militares de la última dictadura militar (1976- 1983). Fueron declarados culpables, con penas a cadena perpetua, Jorge Videla y Emilio Massera (comandantes en jefe del Ejército y de la Armada) y, con penas desde diecisiete hasta cuatro años de prisión, los comandantes Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti. Todos fueron responsables de los secuestros, las desapariciones y torturas, los asesinatos, robos de bebés y otros crímenes cometidos como parte de un plan represivo orquestado desde el Estado durante aquellos años. Otros cuatro comandantes fueron absueltos.
Con muchísima razón, para los referentes de la lucha por el juicio y el castigo a los milicos, para las Madres de Plaza de Mayo y para las/os sobrevivientes las penas fueron muy bajas y escasas pero, al mismo tiempo, aquel episodio representó un inicial atisbo de justicia y, fundamentalmente, un principio de verdad.
Es cierto, la frágil y recientemente recuperada democracia buscaba así, capitaneada por uno de sus líderes más lúcidos, Alfonsín, mostrarse como un camino de real recuperación de la relación entre el Estado y la sociedad argentina. Con el juicio se buscaba cerrar el pasaje más oscuro de la historia nacional, lavarle la cara a las complicidades políticas, empresariales, sociales y pasar de página.
Aun así, en el juicio se pusieron en evidencia algunos aspectos importantes. En cierta medida, gracias a las contradicciones permanentes entre los fiscales, que querían profundizar el acto de justicia, y el tribunal. Lamentablemente no fue posible, por la resistencia y las amenazas de la corporación militar, condenar a las Juntas en cuanto tales, sino a los responsables por sus acciones individuales, aspecto que limitó el alcance de las penas. Pero fue muy claro el mensaje de la fiscalía de rechazar la invención de que se había llevado adelante una guerra, declarando explícitamente en los alegatos que durante la dictadura el Estado puso en marcha un ataque sistemático y planificado hacia personas indefensas. También fue importante que se eludieran conceptos como la “obediencia debida” (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores), abriendo la puerta a que sucesivamente se pudieran juzgar y condenar los crímenes perpetrados por cuadros medios y bajos de las fuerzas militares. Esta posibilidad fue cercenada con la aprobación de la Ley de Obediencia Debida propuesta por el propio Alfonsín y aprobada en el Congreso por peronistas y radicales en junio de 1987.
De todas formas, hay un aspecto que es el más importante y el más soslayado, no casualmente, por los discursos oficiales y por la política. La realización de aquel juicio fue una de las consecuencias del compromiso por la verdad y la justicia de los organismos de derechos humanos, de los partidos de izquierda y de muchas personas solidarias que se activaban desde los tiempos mismos de la dictadura poniendo en riesgo su vida. Además, fue empujado por el apoyo transversal de grandes sectores de la población que, conmovidos ante tamaño horror, buscaron algún tipo de redención. Junto con esto hay una cuestión particularmente profunda y conmovedora: la realización del juicio representó la movilización de miles de víctimas, de sus compañeras/os, familiares, amigos y vecinos que tuvieron el inmenso coraje de relatar las atrocidades que habían sufrido, visto y/o conocido, a poquísimo tiempo de lo sucedido y con los torturadores sueltos y al acecho. Las y los sobrevivientes tuvieron que reponerse a lo sufrido pensando en los demás y en el futuro. Cada testimonio fue una construcción colectiva y un motivo de encuentro para componer los valiosos recuerdos parciales atesorados con valentía por cada una/o, en cautiverio y no solamente. Se puso en evidencia una enorme capacidad de recordar nombres, apodos, fechas, lugares, ruidos y sonidos. Información que, por ejemplo, las y los secuestrados habían cuidadosamente preservado porque cada recuerdo podía representar, a posteriori, la posibilidad de saber del destino de otros detenidos, así como la de denunciar a los asesinos y torturadores. Todas ellas y todos ellos fueron los más importantes protagonistas de aquel primerísimo paso de justicia y son los principales artífices de la verdad que hoy conocemos.
Rehabilitar la memoria de ese coraje implica rescatar capacidades de solidaridad, altruismo y bien que pueden guiar caminos de construcción de justicia y equidad humanas más sólidas, duraderas e indispensables. Sobre todo hoy en día que, promovido por los discursos del gobierno liberticida y la derecha más reaccionaria, está en tela de juicio el carácter imperdonable de lo que hicieron los milicos de la dictadura.