Augusto Gigena
El triunfo de Rodrigo Paz ya preanunciaba el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías de la población boliviana. En menos de medio año, el gobierno reveló su verdadera y antipopular cara, y despertó una oleada de movilizaciones que está sufriendo una represión brutal.
La Ley 1720 fue la gota que colmó el vaso. Con ella, el gobierno buscaba facilitar la expropiación de tierras a las comunidades campesinas para luego venderlas a los grandes empresarios agropecuarios. Aunque la ley logró ser derogada, organizaciones indígenas y vecinales, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), siguieron adelante con los cortes y las movilizaciones contra el gobierno. Las decenas de bloqueos simultáneos en distintos lugares del país también cuentan con un protagonismo femenino de primera línea, ya que son las mujeres las que encabezan numerosas movilizaciones y garantizan el alimento a través de ollas populares.
Estamos frente a una reacción positiva que brota desde abajo, una novedad en un contexto tendencialmente de resignación y apatía de las sociedades ante el avance de los gobiernos de derecha en distintos países con agendas tan o más antipopulares que la de Rodrigo Paz en Bolivia. La especialidad del caso boliviano se da en una república con más de 180 golpes de estado, con una predominancia histórica de gobiernos y clases dominantes racistas, explotadoras y autoritarias. Frente a esto, en paralelo, se desarrollaron organismos comunitarios independientes del Estado que rigen aspectos constitutivos de la vida cotidiana y que hunden sus raíces en el pasado precolonial. La revolución de 1952, que expresó una gran radicalización del movimiento obrero e incluyó el accionar de importantes vanguardias de izquierda revolucionaria, puso de manifiesto los recursos arraigados en sectores considerables del pueblo boliviano, que combinan un protagonismo rebelde de los sectores populares con la fuerza del comunitarismo. Más cerca en el tiempo, estas características también se pusieron de manifiesto en luchas como la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) antes de ser expropiadas por el proyecto político caudillista de Evo Morales, o también, a nivel más cotidiano, en la organización del trabajo comunitario y en las expansiones de las redes de agua.
A pesar de las fortalezas mencionadas, existen peligros en el horizonte. Por un lado, la posibilidad de que Lara, actual vicepresidente, capitalice el descontento en su beneficio. Por el otro, los intentos de cooptación por parte de Morales que, a pesar de las denuncias por abuso de menores, aún conserva márgenes de poder e influencia. Además, existe el factor represivo descomunal y la presión de EEUU con sus pretensiones de señor feudal en el continente junto con sus patéticos vasallos, como es el caso de Milei que ya envió aviones para apoyar la represión. Las esperanzas de esta revuelta residen en la fuerza de los lazos comunitarios que pueden traducirse en autoorganización contra la violencia, el racismo y la explotación del gobierno y las trampas estatales.